Por una banca pública apartada de las prácticas usureras

El despilfarro de dinero público a todos los niveles —estatal, autonómico y local—, la mala gestión y las prácticas abusivas han colocado a la administración en España al borde del colapso. Tenemos ayuntamientos con la luz eléctrica cortada por impago, autonomías que no pagan las facturas a sus proveedores y ministerios paralizados en la práctica por falta de recursos. Todos ellos, además, amenazan con reducir los salarios de los servidores públicos cuando no con despidos masivos.

El caso particular de las cajas de ahorro es especialmente sangrante. Concebidas originalmente como instituciones de crédito de tipo benéfico, su vinculación a las comunidades autónomas y los manejos políticos de sus gestores han desnaturalizado estas entidades hasta hacer de ellas un banco más. Pero la gestión en la práctica privada de las cajas —como la de los bancos— no evita que se recurra al erario para tapar los agujeros que la ineptitud de sus gestores provoca en sus cuentas de resultados. Por eso resulta especialmente inaceptable que los mismos gestores que han llevado a la ruina a estas entidades se procuren retiros multimillonarios en forma de indemnizaciones por despido o pensiones.

Así ha sucedido últimamente en Nova Caixa Galicia y Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuyos directivos —14 en total— se han repartido 52 millones de euros en indemnizaciones pese a que su gestión ha llevado a ambas a la ruina. Antes ocurrió con Caja Madrid y Caja Castilla La Mancha.

Casos como estos son utilizados por liberales de izquierda y derecha para justificar el desprecio de lo público como inevitablemente ineficiente. El argumento es falso. Primero porque las cajas, pese a su titularidad pública, han sido gestionadas como empresas privadas. Segundo, porque los ejemplos de empresas públicas rentables son numerosos en la historia de España. Así todas las empresas privatizadas por los gobiernos de González y Aznar y las que pretende privatizar Zapatero.

Para evitar el colapso de lo público, España debe poner en práctica políticas de austeridad que eviten los gastos superfluos y aseguren la continuidad de los servicios básicos y las prestaciones fundamentales: sanidad, educación, seguridad, etc.

Colectivo 33 cree además en la necesidad de crear una banca pública, apartada de las prácticas usureras de la gran banca y que asegure el flujo del crédito hacia las familias y las empresas.