La conciencia de Duran i Lleida

En una carta que dirige a los afiliados y simpatizantes de su partido, Josep Antoni Duran i Lleida explica las razones por las que ha decidido no dimitir como presidente de Unió Democràtica de Catalunya. Empezaremos señalando que la carta de Duran i Lleida contiene muchas observaciones juiciosas: así, por ejemplo, cuando lamenta la larguísima duración del proceso, afirmando que «una justicia lenta no es justicia». Duran alega que la inmoderada duración del caso Pallerols no es atribuible a los imputados, ni a la formación que preside, sino a diversas vicisitudes procesales y actuaciones judiciales, en lo que no le falta razón. Tampoco le falta, por cierto, cuando señala que el acuerdo alcanzado por las partes y la fiscalía para evitar la celebración del juicio es una práctica habitual que nuestras leyes amparan. Además, Duran censura muy pertinentemente a los periodistas que confunden culpabilidad penal y responsabilidad civil: en efecto, en el escrito de acusación, Unio es declarada responsable civil subsidiaria de las cantidades adeudadas por un procesado y responsable civil en calidad de partícipe de las cantidades derivadas por pago de compras de material de oficina y por concepto de nóminas. Algunas de las cantidades desviadas en el caso Pallerols acabaron, al parecer, siendo gestionadas por miembros de Unio, «sin que haya resultado acreditado que tuvieran conocimiento de su procedencia». Sin embargo, en el escrito de la fiscalía no existe acusación penal alguna contra Unio, por lo que Duran afirma que no tiene «ninguna intención de dimitir», y que se queda «con la conciencia muy tranquila».

Aquí es donde su argumentación patina. Si la formación que preside hubiese sido acusada de financiación irregular la situación habría sido bien distinta, desde luego, pues Duran i Lleida se habría convertido automáticamente en imputado. Pero, del mismo modo que Duran censura a los periodistas ignaros que confunden responsabilidad penal y civil, podríamos censurarle a él que no distinga responsabilidad penal y política. ¿De veras puede afirmar el presidente de un partido político que su conciencia está «muy tranquila» cuando dinero desviado por miembros de su partido acaba siendo destinado a la adquisición de material de oficina y al pago de nóminas de empleados de dicha formación, aunque quienes hicieron tales compras y pagos desconociesen su origen? Los escolásticos definían la conciencia como el juicio de la razón práctica que determina el valor moral de los propios actos, encaminándonos hacia el bien que ha de hacerse y alejándonos del mal que ha de evitarse. Y no creo que, enjuiciando el valor moral de sus actos, Duran pueda afirmar que su conciencia está «muy tranquila»: como presidente de una formación política, tiene un deber de celo que le exige asegurarse de la procedencia del dinero con el que se pagan nóminas; cuando ese deber de celo falla, por negligencia o desidia, encaminando a su formación al «mal que ha de evitarse», su conciencia debería empezar a intranquilizarse. Y la dimisión sería, desde luego, un modo paladino de mostrar tal intranquilidad.

Pero la conciencia de Duran no se rige por las nociones de la escolástica, sino por las del idealismo, que niega que el conocimiento humano pueda alcanzar las leyes morales objetivas, o determinar dónde se halla la verdad y dónde el error, terminando por convertir la conciencia en una mera «subjetividad» que se erige a sí misma en regla suprema de moralidad, atribuyéndose la prerrogativa para decidir sobre el bien y sobre el mal según sus conveniencias personales. En lo que Duran demuestra -como, por lo demás, todos nuestros políticos- que es un hijo de su época.

Autor: Juan Manuel de Prada