Subsidiariedad y justicia social

Es hora de plantear soluciones que hagan real el derecho a una vivienda digna.

 

Mientras miles de españoles, víctimas de la crisis, viven bajo la sombra terrible de la pérdida del pan y del hogar, mientras otros tantos se ven ante la terrible experiencia del desahucio del que ha sido el hogar familiar, mientras las protestas y las medidas más o menos demagógicas ocultan la incapacidad para abordar el drama desde la perspectiva de la Justicia Social, combinando la función social de la propiedad con el derecho a la misma, es hora de plantear soluciones rápidas y radicales que respetando la propiedad privada haga real el cada vez más conculcado derecho a una vivienda digna.

 

Tenemos ahí el denominado “banco malo” donde se han concentrado los llamados “activos tóxicos” –propiedades inmobiliarias por cierto muy saludables para aquellos que las han perdido– de los bancos que han sido rescatados con dinero público, por tanto de todos los españoles, a cuyo capital no deberían tener acceso grupos especulativos. Mantener el carácter público del banco malo es probablemente la mejor y más rápida solución, pues compatibiliza la función social de la propiedad sin violentar el derecho a la misma.

 

Aplicando el principio de subsidiariedad convirtamos ese banco en un organismo dependiente del ministerio que corresponda, que, para solucionar el problema de los desahucios, ceda, en condiciones asumibles en estos momentos, las viviendas a los más afectados por la crisis (familias numerosas, desempleados mayores de 50 años, madres solteras, matrimonios jóvenes…). 

 

Soluciones también para los jóvenes que quieren tener futuro. Ceda el banco malo suelo a cooperativas de jóvenes y gremiales dispuestas a edificar viviendas para su uso personal estableciendo cláusulas que eviten la especulación. Y esto ¡Sí podemos! 

 

Autor: Rafael López-Diéguez